Del 12 al 26 de septiembre, la delegación peruana competirá en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026. Es una escala rumbo a una cita mayor…
Del 12 al 26 de septiembre, la delegación peruana competirá en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026. Es una escala rumbo a una cita mayor y propia: en 2027, Lima vuelve a organizar los Juegos Panamericanos, los mismos para los que se prepara la Argentina.
Que Perú sea sede no es casualidad. Es la segunda vez en menos de una década —ya lo hizo en 2019— y llega después de organizar los Juegos Bolivarianos de Ayacucho en 2025. En materia de eventos, Perú es una potencia regional.
El contraste aparece cuando se mira quién gobierna. Desde 2016, nueve personas ocuparon la Presidencia. Solo entre octubre de 2025 y julio de 2026 pasaron tres: Dina Boluarte fue destituida, la reemplazó José Jerí —también destituido cuatro meses después—, luego asumió José María Balcázar y, desde el 28 de julio, gobierna Keiko Fujimori.
En ese torbellino, el deporte peruano sostuvo algo que la política no pudo: una hoja de ruta. La pregunta es si podrá cumplirla.
La paradoja peruana es que su calendario deportivo resulta más estable que su Poder Ejecutivo. Mientras los gobiernos caen, las sedes se mantienen y los compromisos internacionales se firman.
Pero esa estabilidad es aparente. Cada cambio de gobierno arrastra un cambio en la conducción del deporte, y las decisiones de fondo —quién mantiene las sedes, quién garantiza el presupuesto— quedan más expuestas a los cambios de conducción y a las prioridades presupuestarias de cada administración.
A diferencia de Chile, Perú no tiene un Ministerio del Deporte. El ente rector es el Instituto Peruano del Deporte (IPD), un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Educación, con autonomía técnica, creado por la Ley 28036 de Promoción y Desarrollo del Deporte (2003).
El IPD administra el Sistema Deportivo Nacional, financia a las federaciones y, tras una reforma de 2024, fiscaliza el uso de los recursos públicos del Comité Olímpico Peruano, la asociación paralímpica y la agencia antidopaje. La conducción, sin embargo, es un cargo político: rota con cada gobierno.
| Dimensión | Lo que rota | Lo que permanece |
|---|---|---|
| Presidencia | 9 mandatarios en 10 años | El calendario de eventos |
| Conducción del deporte | Cambia con cada gobierno | La Ley 28036 y el IPD como rector |
| Gestión de sedes | Proyecto Legado disuelto (2025) | Las sedes de Lima 2019, hoy en el IPD |
| Financiamiento | Sujeto al presupuesto anual | El PAD y el Ciclo Olímpico 2025-2028 |
Fuente: Ley 28036 y reglamento; IPD; Panam Sports; prensa peruana.
El IPD no es solo alto rendimiento. A través de su Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte sostiene la pata comunitaria del sistema, con una lógica de masificación descentralizada que apunta a los distintos grupos de la población.
El programa insignia es Deporte para Todos: escuelas de verano e invierno dirigidas sobre todo a niños y adolescentes de 5 a 17 años —y, en segundo plano, a adultos, adultos mayores y personas con discapacidad—, con dos sesiones semanales y hasta 24 disciplinas en los complejos del IPD, de enero a noviembre. La Academia IPD suma talleres gratuitos de iniciación y captación de talentos, y los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos funcionan como cantera desde la escuela.
A eso se agrega el Programa de Voluntariado Deportivo, que forma a jóvenes para llevar actividad física a la niñez, la tercera edad y las personas con discapacidad de poblaciones vulnerables. Sobre el papel, es una pirámide completa: base amplia abajo, elite arriba.
El problema es el de siempre: esa base compite por el mismo presupuesto que absorben los grandes eventos, y el reclamo de que el dinero no llega a las provincias es una constante entre los propios deportistas.
El activo más valioso de Perú son las sedes de Lima 2019: la Videna —hoy Parque Panamericano de Lima—, los complejos de Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, el Parque de la Costa Verde y el centro de alto rendimiento de surf de Punta Rocas. Un patrimonio que casi ningún país de la región tiene.
El activo quedó en otras manos. En 2025, un decreto supremo extinguió el Proyecto Especial Legado —la entidad que administraba esas sedes— y transfirió sus funciones y activos al IPD, con el argumento de concentrar la autoridad deportiva en un solo organismo. El IPD asumió el compromiso de sostener las instalaciones. El cambio de modelo, sin embargo, abrió dudas sobre su capacidad para mantenerlas y ponerlas a punto a tiempo para Lima 2027.
La advertencia llegó con los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, marcados por retrasos y una gestión cuestionada. Es el fantasma que sobrevuela Lima 2027: tener las sedes no es lo mismo que saber operarlas.
Ese episodio derivó en una purga. El gobierno de José Jerí destituyó al entonces titular del IPD y nombró a Sergio Ludeña, una designación cuestionada por investigaciones en su contra. En paralelo, un decreto de urgencia habilitó al IPD a contratar bienes y servicios por una vía excepcional —más de S/ 35 millones— saltando los procesos ordinarios, con las alertas de riesgo que eso implica.
El alto rendimiento peruano descansa en el Programa de Apoyo al Deportista (PAD), creado en 2013, y en su versión ampliada para este ciclo: el Programa Ciclo Olímpico 2025-2028.
Ese programa destinó unos S/ 23,55 millones a lo largo de cuatro años para los deportistas que ganaron medalla o diploma en París 2024, con una subvención mensual fija. La principal novedad es que ese apoyo queda garantizado por cuatro años consecutivos, en lugar de depender de renovaciones anuales —el mismo cuello de botella que enfrenta el sistema chileno—.
| Apoyo de alto rendimiento | PAD (esquema anual) | Ciclo Olímpico 2025-2028 |
|---|---|---|
| Duración | Renovación anual | Continuo, cuatro años |
| Presupuesto | Anual y variable | S/ 23,55 M para el ciclo |
| Beneficiarios | Según criterios del PAD | 14 medallistas y diplomas de París 2024 |
| Monto (medalla olímpica) | Variable | S/ 7.597/mes (1,42 UIT) |
Fuente: IPD, directiva N° 002-2025/IPD-DINADAF; El Comercio; Ovación.
La apuesta tiene con qué. En París 2024, Stefano Peschiera ganó el bronce en vela y devolvió a Perú al podio olímpico después de 32 años. Y la vigencia es actual: en 2026, Kimberly García sumó un nuevo título mundial por equipos con récord y ganó el Iberoamericano de Lima con récord sudamericano. La camada apunta a Lima 2027 y a Los Ángeles 2028.
El reclamo por el apoyo estatal es viejo y transversal. Kimberly García lo resumió sin vueltas: «el apoyo es demasiado poco para lo que un deportista de élite necesita». Contó que entrenó por su cuenta y pidió que el financiamiento llegue desde enero, y no en la víspera de los Juegos.
Gladys Tejeda, campeona panamericana de maratón en Lima 2019, apunta al fondo institucional: reclama que «debe crearse el Ministerio del Deporte» para concentrar el presupuesto, hoy repartido con Educación, y recuerda que Perú suele viajar a los Juegos Olímpicos con una treintena de atletas mientras otros países llevan cientos.
La marchista olímpica Evelyn Inga puso el foco en el interior del país: «estamos un poco olvidados los atletas de provincia». Es la contracara del centralismo limeño que también marca la infraestructura.
No todo es crítica. Stefano Peschiera, el medallista de París, valoró el esquema a cuatro años: dijo que «este programa de cuatro años nos va a dar esa tranquilidad» para prepararse rumbo a Lima 2027 y Los Ángeles 2028. Y desde la gestión, el expresidente del IPD Saúl Barrera matizó que la subvención a federaciones y atletas efectivamente creció en los últimos años. El diagnóstico compartido, de todos modos, es claro: falta un ministerio, falta continuidad y falta que el dinero llegue a tiempo y a todo el país.
01 La continuidad depende del ciclo político.
Nueve cambios en la Presidencia en diez años y una conducción del IPD que rota con cada gobierno vuelven frágil cualquier plan a largo plazo.
02 Las sedes cambiaron de modelo.
El traspaso de la infraestructura de Lima 2019 al IPD abrió dudas sobre su mantenimiento y su puesta a punto de cara a 2027.
03 Un IPD politizado.
Los cambios de conducción responden más a la coyuntura que a la gestión; la última designación llegó envuelta en cuestionamientos.
04 Bolivarianos como advertencia.
La gestión cuestionada de Ayacucho 2025 encendió las alarmas sobre la capacidad de organizar un evento mayor.
05 Financiamiento sin ley propia.
El apoyo a la elite depende de programas presupuestarios del IPD y no de una fuente de financiamiento específica establecida por ley.
La otra cara. Pese a la inestabilidad, Perú sostuvo su calendario, garantizó una subvención a cuatro años y volvió al podio olímpico. Es una continuidad real —y valiosa—, pero no equivale a una política de Estado plenamente consolidada: el financiamiento sigue atado al presupuesto, la conducción rota con cada gobierno y la gestión de la infraestructura sigue siendo un desafío abierto.
Perú lleva al extremo una tensión que la Argentina conoce. Financia a su elite con programas del presupuesto —el PAD, el Ciclo Olímpico—, sin una ley de asignación específica, y sostiene un legado y una agenda de grandes eventos sobre un Estado que cambia de presidente cada pocos meses.
La diferencia institucional es otra: el ENARD (Ley 26.573) cuenta con una estructura específica creada por ley, aunque su fuente de financiamiento original —un cargo a la telefonía celular— fue modificada en 2017, y hoy el fondo se nutre de partidas del presupuesto nacional.
Rumbo a Santa Fe 2026 y a los Panamericanos de Lima 2027 —la casa de Perú—, la pregunta cambia de eje: quizá lo decisivo no sea solo tener una ley de financiamiento, sino un Estado lo bastante estable para cumplirla. Si Perú puede organizar unos Panamericanos sin sostener a un presidente un año entero, ¿qué es lo que realmente sostiene una política de medallas: la plata, la ley o la continuidad?
Política, plata y poder detrás de la cancha. Sin ruido, sin clickbait.