Panamá está aumentando como nunca los recursos destinados al deporte, mientras al mismo tiempo enfrenta cuestionamientos sobre contratos, infraestructura, federaciones y mecanismos de control. El desafío ya no parece ser cuánto dinero puede poner el Estado sobre la mesa, sino qué instituciones existen para convertirlo en una política deportiva sostenible. La comparación con Argentina expone el problema desde el otro extremo: un sistema de alto rendimiento con mayor trayectoria institucional, pero con una discusión abierta sobre su financiamiento.
A comienzos de agosto, la Contraloría General de la República ordenó una auditoría forense sobre contratos del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), después de denuncias ciudadanas por presuntas irregularidades. Uno de los primeros expedientes bajo la lupa es el de nueve instalaciones deportivas en la provincia de Coclé: una obra adjudicada originalmente por poco más de US$2,8 millones y cuyo costo aumentó hasta casi US$3,9 millones después de sucesivas modificaciones.
Semanas después, Pandeportes sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional un presupuesto de US$224,9 millones para 2027, el mayor en la historia del organismo: US$74 millones de funcionamiento y US$150,8 millones de inversión. De ese monto, US$146,7 millones corresponden específicamente a construcción y mejoras, mientras que US$111 millones están destinados a proyectos de interés social y comunitario.
Al mismo tiempo, la Asamblea Nacional discute una modificación del marco institucional del deporte panameño. El Proyecto de Ley 198, impulsado por el diputado Jorge Bloise, fue aprobado en primer debate el 27 de abril de 2026 y busca modernizar y reorganizar la legislación deportiva. El Proyecto 199, de objetivos similares, fue rechazado por la comisión para evitar la duplicidad de iniciativas.
Los tres procesos —más inversión, investigaciones sobre contratos y una discusión legislativa abierta— permiten formular una pregunta que excede a Panamá: qué ocurre cuando un Estado consigue aumentar los recursos destinados al deporte, pero todavía tiene que fortalecer quién decide, quién ejecuta y quién controla ese dinero.
La Ley 50 de 2007, que reformó la Ley 16 de 1995, estableció a Pandeportes como el máximo organismo del deporte panameño, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía en su régimen interno, bajo la orientación del Ejecutivo por conducto del Ministerio de Educación y sujeto a la fiscalización de la Contraloría.
Ese esquema convive con un sistema federativo que concentra buena parte de la gestión cotidiana de las distintas disciplinas.
El propio director de Pandeportes, Miguel Ángel Ordóñez, cuestionó públicamente esa distribución de poder y sostuvo que la legislación les otorgó a las federaciones “demasiado poder a las federaciones sin fiscalización”.
Ahí aparece uno de los conflictos institucionales centrales del modelo: Pandeportes ejerce la rectoría estatal, pero las federaciones tienen una enorme capacidad de gestión y reciben recursos públicos.
La reforma actualmente en discusión busca revisar esa relación. Pero es importante separar lo que ya está vigente de aquello que todavía constituye una propuesta parlamentaria.
| Dimensión | Situación vigente | Reforma en discusión |
|---|---|---|
| Rectoría | Pandeportes es el máximo organismo deportivo, bajo la orientación del Ejecutivo a través del Meduca | El Proyecto 198 busca modernizar y reorganizar el marco general del deporte |
| Federaciones | Tienen un papel central en la gestión de las disciplinas y reciben fondos públicos | La discusión apunta a modificar esa relación y fortalecer controles |
| Política y dirigencia | No existe una prohibición general que impida a dirigentes políticos ocupar posiciones en federaciones | El Proyecto 198 fue presentado también como herramienta para limitar esa interferencia |
| Infraestructura | Pandeportes administra las instalaciones estatales | Se discuten modelos de administración y sostenibilidad |
| Legislación | La Ley 50 de 2007 continúa siendo el marco central | El Proyecto 198 avanzó en primer debate y el 199 fue rechazado por duplicidad |
Fuente: Ley 50 de 2007 y cobertura legislativa panameña, 2026. Ninguna de estas reformas debe presentarse como legislación ya aprobada: son procesos parlamentarios en desarrollo.
El presupuesto de Pandeportes para 2026 fue de US$160 millones. Para 2027, el organismo proyecta US$224,9 millones, con un salto especialmente importante en inversión: US$150,8 millones frente a los US$102,9 millones presupuestados para inversión en 2026. Eso significa que cerca de dos tercios del presupuesto proyectado estarán destinados a inversión.
Y dentro de esa cifra hay un dato especialmente significativo: US$146,7 millones están previstos para construcción y mejoras de infraestructura deportiva. Entre los proyectos aparecen intervenciones en Penonomé, El Chorrillo, el estadio Maracaná, el estadio Rod Carew e instalaciones en Colón, Santiago y Darién, entre otras.
Pero el volumen de inversión también obliga a mirar los antecedentes.
| Obra | Monto / referencia | Situación |
|---|---|---|
| Nueve instalaciones en Coclé | US$2,8 M → casi US$3,9 M | Cuatro adendas, 87 meses y 14 días de plazo acumulado y auditoría forense |
| Ciudad Deportiva de Changuinola | US$5,6 M registrados en PanamáCompra | Retrasos y cuestionamientos sobre cifras y ejecución |
| Estadio San Vicente, Barú | US$2 M iniciales | Retrasos importantes y avance inferior al previsto; existen actuaciones judiciales |
| Estadio Armando Dely Valdés, Colón | US$7 M | Reabierto en 2026 |
| Estadio Maracaná | US$5,6 M | Remodelación para volver a operar en 2027, con césped natural e iluminación LED |
| Estadio de béisbol de Chepo | US$5,8 M | Adjudicado en 2026, con plazo de 18 meses |
Fuente: Unidad Investigativa y sección Deportes de La Prensa, 2026; registros de PanamáCompra citados por ese medio.
El caso de Coclé concentra varias de las cuestiones que deberían preocupar a cualquier sistema público de infraestructura deportiva: aumento del costo, extensiones de plazo, adendas sucesivas y potenciales conflictos de interés.
La auditoría deberá determinar si existieron irregularidades y, eventualmente, responsabilidades. Eso es diferente de afirmar anticipadamente que hubo corrupción. La diferencia no es un formalismo: es el estándar mínimo para discutir seriamente el uso de recursos públicos.
Hay una forma de analizar lo que está ocurriendo en Panamá que permite salir de la discusión coyuntural y llevarla al terreno de las políticas deportivas comparadas.
Marco conceptual
El modelo SPLISS
Desarrollado por Veerle De Bosscher y otros investigadores, el modelo SPLISS identifica nueve pilares asociados al éxito de los sistemas nacionales de alto rendimiento. Entre ellos aparecen el apoyo financiero, la organización y estructura del sistema y las instalaciones de entrenamiento.
Panamá está reforzando especialmente el financiamiento y la infraestructura. Pero la discusión institucional adquiere una importancia particular cuando se observa el segundo pilar del modelo: organización, estructura y gobernanza de las políticas deportivas.
No se trata de afirmar que SPLISS sostenga que ese pilar “ordena” automáticamente a todos los demás. La lectura que resulta relevante para Panamá es otra: el dinero y las instalaciones necesitan una estructura institucional capaz de decidir objetivos, distribuir recursos, controlar su ejecución y medir resultados.
La pregunta, por lo tanto, deja de ser solamente cuánto dinero entra al sistema. Pasa a ser qué sistema existe para transformar ese dinero en política deportiva.
Si las medallas no alcanzan como única vara de medición, existe otra pregunta: qué le llega a la población que nunca va a competir en unos Juegos Olímpicos.
Y allí la legislación panameña establece responsabilidades concretas. El marco legal asigna a Pandeportes funciones vinculadas con la integración social mediante el deporte adaptado, la participación equitativa de las mujeres y la actividad física de los adultos mayores.
Es decir: la cobertura por edad, género y condición no debería ser considerada simplemente una aspiración. Forma parte de las responsabilidades que el marco legal asigna al Estado. El problema es que la información pública disponible no permite construir todavía una fotografía completa de esa cobertura.
| Segmento | Mandato legal | Evidencia pública disponible |
|---|---|---|
| Infancias | Fomento y estímulo de actividades deportivas y recreativas | Programas escolares y propuestas privadas alcanzan a miles de chicos, pero no existe una estadística única de cobertura estatal |
| Etapa escolar | Vinculación entre educación y deporte | Los Juegos Intercolegiales son organizados por el Meduca y superaron los 2.500 estudiantes en 2026 |
| Mujeres | Participación justa, equitativa y decisoria en el deporte | Hay resultados visibles en el alto rendimiento, pero faltan datos consolidados de participación de base |
| Discapacidad | Integración social mediante deporte adaptado | La Senadis participó del diagnóstico nacional de actividad física; no se dispone de una cifra pública consolidada de cobertura |
| Adultos mayores | Regulación y promoción de la actividad física | Es uno de los segmentos sobre los que existe menor evidencia pública de cobertura sistemática |
Fuente: marco legal panameño del deporte; OPS/OMS Panamá; cobertura periodística local. Cobertura por segmento: sin estadística oficial consolidada publicada.
En 2023, la OPS/OMS trabajó junto con Pandeportes, el Ministerio de Salud, el Meduca, la Caja de Seguro Social, la Senadis y municipios para aplicar la herramienta GAPPA-SAT y construir un diagnóstico del entorno de actividad física del país. Uno de los objetivos de ese trabajo era precisamente identificar debilidades y ausencia de información.
El dato resulta interesante. Un país que proyecta invertir US$150,8 millones en infraestructura deportiva en 2027 todavía estaba construyendo, cuatro años antes, su línea de base sobre la situación de la actividad física. Ese desfase entre el ladrillo y el dato es una cuestión de gobernanza.
Los dos extremos de la pirámide demográfica plantean desafíos diferentes y complementarios. En un extremo está la infancia: la base sobre la que se construyen los hábitos deportivos, la participación y, eventualmente, el alto rendimiento. En el otro están los adultos mayores, para quienes la actividad física puede funcionar como una herramienta de prevención y promoción de la salud.
El punto de partida panameño no es sencillo. Informes del Ministerio de Salud han advertido sobre el exceso de peso en niños y adolescentes, mientras que en 2026 volvió a aparecer la preocupación oficial por el sedentarismo infantil asociado al tiempo de pantalla.
Frente a ese escenario, la oferta deportiva aparece distribuida entre distintas instituciones. Los Juegos Intercolegiales dependen del Meduca. La formación de entrenadores de base también involucra acuerdos con federaciones deportivas. Y uno de los programas infantiles con mayor alcance territorial documentado, el Mundial del Barrio, cuenta con patrocinio privado.
No hay nada intrínsecamente negativo en que una empresa financie deporte infantil. La cuestión de política pública es otra: si una iniciativa privada tiene una cobertura territorial importante mientras el Estado discute inversiones por cientos de millones, ¿qué lugar ocupa dentro de la estrategia nacional de deporte de base? Eso no es solamente una cuestión de presupuesto. Es una cuestión de arquitectura institucional.
En el otro extremo, Panamá tenía alrededor de 517.000 adultos mayores en 2019, cerca del 12% de la población, mientras las proyecciones utilizadas por organismos internacionales apuntan a que la proporción llegará aproximadamente al 25% hacia 2050.
Los US$111 millones destinados a proyectos de interés social y comunitario en 2027 podrían generar infraestructura para desarrollar programas de actividad física comunitaria y para adultos mayores. Pero una cancha construida no equivale a una política funcionando: hace falta personal técnico, programación, convenios institucionales, presupuesto operativo y un sistema de evaluación.
Ahí está nuevamente la diferencia entre financiar infraestructura y financiar política pública.
Entre el 12 y el 25 de abril de 2026, Panamá organizó los IV Juegos Suramericanos de la Juventud, con más de 2.000 atletas de 15 países. La delegación panameña estuvo integrada por 247 deportistas, además de entrenadores y equipos de apoyo. El evento mostró una de las apuestas centrales del país: utilizar infraestructura deportiva y grandes acontecimientos internacionales como instrumentos de posicionamiento y desarrollo.
Meses después, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, Panamá terminó octavo en el medallero con 24 medallas: ocho de oro, ocho de plata y ocho de bronce. Fue su mejor cosecha total en 52 años y la mayor cantidad de medallas de oro desde Guatemala 1950. La delegación implicó una inversión estatal de aproximadamente US$930.000.
El dato importa porque demuestra que la discusión sobre el gasto deportivo tampoco puede reducirse a las obras. Existe una relación entre inversión, preparación de atletas, calendario internacional, estructura federativa y resultados.
Pero inmediatamente aparece otro problema de planificación. El Comité Olímpico de Panamá decidió retirar la candidatura del país para los Juegos Panamericanos Junior 2029, cuando competía con Ciudad de Guatemala y Rosario, debido a la dificultad de garantizar la planificación del evento en coincidencia con el proceso electoral de ese año.
El episodio deja una enseñanza interesante. Un Estado puede construir instalaciones pensando en recibir competencias internacionales. Pero si después no puede comprometerse con el calendario por razones políticas o institucionales, el problema ya no es de infraestructura. Es de planificación estratégica.
Panamá acumula cuatro medallas olímpicas en toda su historia. Dos fueron los bronces de Lloyd LaBeach, en 100 y 200 metros, en Londres 1948. Después llegó el oro de Irving Saladino en salto de longitud en Beijing 2008. Y en París 2024, Atheyna Bylon consiguió la medalla de plata en boxeo.
Una política deportiva no puede evaluarse solamente por medallas. Las instalaciones, la actividad física, la inclusión, el deporte escolar, la formación de entrenadores, la participación femenina, la salud y la cohesión social también forman parte del resultado.
La verdadera pregunta es si el Estado panameño puede demostrar qué resultados espera obtener de semejante inversión.
En abril de 2026, Ordóñez acudió a la Comisión de Presupuesto para sustentar un traslado de partida por US$18,5 millones. La sesión volvió a exponer la relación entre Pandeportes, las federaciones y los actores políticos.
Uno de los ejemplos más discutidos fue el béisbol. Según los datos expuestos por el director, la Federación Panameña de Béisbol recibe alrededor de US$300.000 de apoyo estatal directo, además de unos US$200.000 de su principal patrocinador, la Caja de Ahorros, y genera cerca de US$1 millón en taquilla utilizando estadios propiedad de Pandeportes.
La discusión no pasa necesariamente por cuestionar que una federación genere ingresos. La cuestión es otra: qué reglas existen para administrar esos recursos, qué contraprestaciones existen por el uso de instalaciones públicas y qué mecanismos de rendición de cuentas se aplican.
El conflicto político quedó expuesto durante esa discusión porque uno de los principales cuestionamientos provino de Benicio Robinson, dirigente del Partido Revolucionario Democrático y expresidente de esa federación, cuyo hijo, Jaime Robinson, la preside actualmente.
El problema de fondo no es determinar quién ganó una discusión parlamentaria. Es saber si un sistema que distribuye recursos públicos puede garantizar suficiente distancia entre quienes toman decisiones políticas, quienes administran las federaciones y quienes reciben el dinero.
01 Conflictos de interés.
El contrato de las nueve instalaciones de Coclé quedó bajo auditoría después de conocerse que la representante legal del consorcio, Ximena Arias Neira, es cuñada de Ordóñez y que Carolina Arias, esposa del director, había presidido durante varios años una de las empresas integrantes. Ordóñez sostuvo que, ante una eventual decisión vinculada con el equilibrio contractual, se declararía impedido. La auditoría deberá establecer si existió alguna irregularidad y qué responsabilidades corresponden.
02 Contratos que se prolongan durante años.
El proyecto de Coclé fue concebido para ejecutarse en 12 meses y terminó acumulando 87 meses y 14 días de plazo, mientras el costo pasó de poco más de US$2,8 millones a casi US$3,9 millones. El caso muestra por qué el control de la ejecución resulta tan importante como la aprobación del presupuesto.
03 Federaciones con recursos públicos.
Pandeportes cuestiona el nivel de control sobre algunas federaciones. El diputado Ronald De Gracia llevó la discusión a un caso concreto durante la sesión presupuestaria: un pelotero lesionado en un partido federado quedó sin cobertura porque la federación no le proporcionó seguro. Más allá del caso particular, el episodio plantea una pregunta sobre los estándares mínimos que deberían acompañar la utilización de recursos públicos.
04 Infraestructura y modelo de gestión.
El debate alrededor del estadio Roberto Mariano Bula mostró otra tensión: cuánto debe concentrar Pandeportes y cuánto puede delegarse en estructuras autónomas. El presidente José Raúl Mulino objetó el proyecto que creaba un patronato para administrarlo, en una discusión vinculada con las atribuciones del organismo y la gestión de recursos públicos.
05 Política partidaria y deporte.
Bloise presentó el Proyecto 198 con la intención declarada de modernizar el sistema y reducir la influencia política en las federaciones. La paradoja es evidente: una reforma destinada a mejorar la autonomía y la gobernanza del deporte debe ser discutida y aprobada dentro de una Asamblea donde participan dirigentes y actores políticos vinculados al propio sistema.
Sería un error convertir todos estos elementos en una acusación contra el gasto deportivo panameño. La actuación en Santo Domingo 2026 fue excepcional en términos históricos.
La inversión en infraestructura puede producir beneficios que nunca aparecerán en un medallero: espacios de práctica, desarrollo juvenil, descentralización territorial, actividad física y acceso comunitario. Además, varios de los contratos cuestionados corresponden a procesos iniciados durante administraciones anteriores, mientras la actual sostiene que recibió proyectos atrasados o paralizados y que su gestión buscó reactivarlos.
Por eso, la discusión seria no debería ser si Panamá gasta demasiado en deporte. La pregunta es si tiene las instituciones necesarias para administrar correctamente el crecimiento de ese gasto. Y esa diferencia es fundamental.
La comparación con la Argentina resulta incómoda porque los dos países enfrentan problemas diferentes. Panamá está aumentando fuertemente su inversión y discute cómo mejorar su gobernanza. La Argentina tiene una estructura institucional más consolidada para el alto rendimiento, pero enfrenta una fuerte presión sobre el financiamiento.
El ENARD fue creado por la Ley 26.573 en 2009 como persona jurídica de derecho público no estatal para gestionar y coordinar apoyos económicos destinados al alto rendimiento. Su modelo original de financiamiento se basaba en un cargo del 1% sobre los abonos de telefonía celular, que funcionó entre 2010 y 2017. Desde 2018, ese esquema fue reemplazado por financiamiento a través de las leyes de presupuesto.
La discusión volvió a abrirse en 2025. Un dictamen de mayoría de la Cámara de Diputados unificó cuatro proyectos y propuso recuperar la autonomía financiera del ENARD, incorporar una mirada federal y crear el Consejo Federal para el Alto Rendimiento Deportivo (COFARD). La propuesta plantea recuperar un cargo del 1% sobre la facturación de empresas de servicios TIC, ampliando la base más allá de la telefonía móvil. Sus impulsores estimaron una recaudación cercana a US$70 millones anuales, con un 40% de los recursos destinado a políticas federales.
Pero esa propuesta es un proceso legislativo, no una fuente de financiamiento actualmente vigente.
Mientras tanto, un informe de Táctica sobre la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2026 señaló que el gasto deportivo cayó 4% en términos reales frente al mismo período de 2025 y 68% frente a 2023. En el caso específico del ENARD, la caída fue de 13,4% interanual y 49,3% respecto de 2023.
La precisión es importante: el 68% corresponde a la contracción real de la ejecución presupuestaria deportiva frente a 2023; no representa un recorte específico del ENARD.
| Dimensión | Panamá | Argentina |
|---|---|---|
| Presupuesto | US$224,9 M para Pandeportes en 2027, el mayor de su historia | Caída real del 68% en la ejecución deportiva frente a 2023 |
| Inversión | US$150,8 M en 2027, incluidos US$146,7 M para construcción y mejoras | Presión sobre el financiamiento del alto rendimiento |
| Gobernanza | Debate sobre federaciones, controles y reforma legal | ENARD financiado vía presupuesto desde 2018 |
| Deporte de base | Oferta distribuida entre Meduca, Pandeportes y programas privados | Presión presupuestaria sobre programas comunitarios e infraestructura |
| Alto rendimiento | 24 medallas en Santo Domingo 2026, mejor cosecha total en 52 años | Reclamos y presión sobre becas y financiamiento |
| Problema central | Cómo gobernar y controlar el crecimiento | Cómo financiar de manera sostenible el sistema |
Fuente: Pandeportes ante la Comisión de Presupuesto (2026); informe de Táctica sobre ejecución presupuestaria (2026); dictamen de comisiones de la Cámara de Diputados (2025).
La comparación no busca establecer cuál de los dos modelos es mejor. Busca mostrar que dinero y política deportiva son dos variables diferentes.
Panamá tiene ahora la oportunidad de demostrar que puede convertir una expansión presupuestaria extraordinaria en un sistema más profesional, transparente, medible y sostenible. La Argentina, en cambio, enfrenta el desafío de garantizar que la estructura construida alrededor del alto rendimiento pueda sostenerse financieramente sin perder autonomía ni capacidad federal.
La experiencia panameña muestra que poner más dinero sobre la mesa es necesario, pero no suficiente. Cada dólar invertido exige poder responder preguntas elementales: quién decide, con qué criterios, quién controla, qué resultados se esperan, qué ocurre cuando una obra se demora o aumenta su costo, quién debe apartarse cuando existe un potencial conflicto de interés y quién evalúa si una federación utiliza correctamente los fondos públicos.
Panamá tiene ahora una oportunidad excepcional. Puede utilizar el aumento presupuestario para construir infraestructura, mejorar el alto rendimiento, ampliar el acceso al deporte y fortalecer su posición internacional. Pero también puede demostrar algo más difícil: que el crecimiento del presupuesto vaya acompañado por una mejora equivalente en la gobernanza.
La Argentina enfrenta el problema inverso. Necesita recuperar previsibilidad y sostenibilidad financiera para un sistema que ya cuenta con instituciones específicas para el alto rendimiento.
Y allí aparece una pregunta que atraviesa a los dos países. Si la Argentina recuperara un esquema de financiamiento específico para el ENARD y entraran nuevamente decenas de millones de dólares al sistema, ¿qué organismo los auditaría, con qué indicadores, bajo qué reglas de transparencia y con qué mecanismos federales de distribución?
Porque una cancha puede inaugurarse durante un mandato. Una política deportiva que realmente sirva a las infancias, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad y a los atletas de alto rendimiento tiene que sobrevivir al gobierno que decidió financiarla.
Verificado al 10 de septiembre de 2026. Los proyectos de ley citados son procesos parlamentarios en desarrollo, no legislación aprobada. La cobertura por segmento etario de los programas deportivos panameños no cuenta con estadística oficial consolidada publicada.
Política, plata y poder detrás de la cancha. Sin ruido, sin clickbait.