Bolivia es el único país de Sudamérica que todavía no consiguió una medalla en los Juegos Olímpicos. Debutó en Berlín 1936 y, desde entonces, construyó una…
Bolivia es el único país de Sudamérica que todavía no consiguió una medalla en los Juegos Olímpicos. Debutó en Berlín 1936 y, desde entonces, construyó una trayectoria marcada por delegaciones pequeñas y una presencia limitada en el alto rendimiento internacional.
Su mejor resultado individual llegó en Río 2016, cuando la marchista Ángela Castro terminó 18.ª en los 20 kilómetros marcha. Hasta París 2024, ese continúa siendo el mejor puesto conseguido por un atleta boliviano en la historia olímpica.
Pero el problema no puede reducirse a una estadística de medallas. Detrás de ese cero olímpico existe una estructura deportiva con recursos limitados, dificultades para sostener procesos de largo plazo y una política pública que históricamente tuvo problemas para articular formación, infraestructura, entrenadores y alto rendimiento.
Ahora, el gobierno de Rodrigo Paz propone modificar una parte de esa ecuación. No mediante la creación de un Ministerio de Deportes, sino a través de un esquema que busca combinar al Estado con el sector privado y utilizar incentivos tributarios para atraer recursos hacia atletas, clubes, federaciones y proyectos deportivos.
Durante la campaña electoral de 2025, Rodrigo Paz cuestionó la posibilidad de crear un Ministerio de Deportes. Su argumento era que una nueva cartera podía significar más burocracia sin garantizar mejores resultados.
El antecedente le daba materia prima. Bolivia tuvo un Ministerio de Deportes: fue creado por el Decreto Supremo 1868 de enero de 2014, tuvo dos ministros y fue cerrado en junio de 2020 durante el gobierno de Jeanine Áñez. Duró poco más de seis años y el registro olímpico no se movió.
La estructura que finalmente quedó vigente siguió otro camino. El Decreto Supremo 5675, aprobado el 13 de agosto de 2026, ratificó al Viceministerio de Deportes dentro del Ministerio de Salud y Deportes, con dos direcciones, cuatro unidades y diez atribuciones.
La definición es relevante porque corrige una incertidumbre de los primeros meses del gobierno. En noviembre de 2025, Cinthya Yáñez había sido designada como ministra sin cartera vinculada al turismo y la gastronomía; esa designación no significó la creación de un Ministerio de Deportes ni el traslado del área deportiva a esa estructura.
El esquema vigente, entonces, es más sencillo de lo que sugería el diseño inicial del gabinete: el deporte continúa bajo un viceministerio dentro del Ministerio de Salud y Deportes.
| Dirección | Unidades a su cargo |
|---|---|
| Dirección General de Deportes | Desarrollo integral del deporte · Deporte federativo profesional y competitivo |
| Dirección de Formación Deportiva | Coordinación de centros deportivos y formación · Promoción y recreación deportiva |
| Brazo territorial | SEDEDES, los Servicios Departamentales de Deportes en los nueve departamentos |
| Marco legal de base | Ley 2770 del Deporte y su reglamentación, que crea entre otros el Comité Técnico Nacional (COTENAL) |
Según declaraciones del viceministro de Deportes, Roberto Bustamante, el área dispone este año de aproximadamente 7,5 millones de bolivianos, de los cuales cerca de 2,5 millones son recursos propios.
La cifra permite dimensionar las restricciones del sistema. No se trata solamente del dinero destinado a los atletas de alto rendimiento: de ese presupuesto salen también funcionamiento, programas, infraestructura y formación.
Para Santa Fe 2026, por ejemplo, se estimó una asignación de aproximadamente 400.000 bolivianos para apoyar a la delegación boliviana. Los XIII Juegos Suramericanos se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela, con 15 países y más de 4.000 atletas.
El dato muestra la distancia entre el presupuesto ordinario del área y las necesidades concretas que plantea el calendario internacional. Y conviene una precaución al convertir a dólares: Bolivia atraviesa una crisis cambiaria, y el poder de compra real de esas cifras en insumos importados —equipamiento, pasajes, competencias en el exterior— es menor que el que sugiere el tipo de cambio oficial.
El 24 de febrero de 2026, Rodrigo Paz presentó en la cancha Luis Lastra de La Paz el anteproyecto de Ley de Incentivo al Deporte. La iniciativa parte de una idea distinta: utilizar herramientas tributarias para estimular la participación privada en el financiamiento deportivo.
En aquel acto, Paz resumió parte de su planteo con una frase especialmente significativa.
La declaración expone uno de los problemas históricos del deporte boliviano: el costo que deben afrontar los atletas para representar al país. Pasajes, equipamiento, preparación y competencias internacionales pueden convertirse en barreras de entrada.
Desde la perspectiva de política pública, el problema es evidente: si un atleta debe financiar una parte sustancial de su carrera internacional, el sistema puede terminar seleccionando no solamente por talento deportivo, sino también por capacidad de pago.
La propuesta oficial contempla un régimen tributario especial, un Registro Único Deportivo y un marco específico para reconocer al deportista profesional como trabajador, incluyendo contratos deportivos, derechos de imagen, jurisdicción deportiva y protección social. También plantea beneficios tributarios para empresas que participen del financiamiento y mecanismos para facilitar la llegada de eventos internacionales al país.
La lógica es clara: si el Estado no tiene capacidad para financiar por sí solo todo el ecosistema deportivo, puede usar su capacidad regulatoria y tributaria para movilizar recursos privados.
Pero existe una diferencia importante entre complementar al Estado y sustituirlo. Esa diferencia será probablemente el punto central para evaluar la política de Paz.
El propio Gobierno presentó la iniciativa como una combinación de esfuerzos públicos y privados. Por eso, más que una retirada del Estado, el proyecto puede leerse como un intento de cambiar la forma en que el Estado participa en el financiamiento deportivo.
La herramienta tiene una dificultad evidente: un incentivo fiscal solamente funciona si existe un sector privado dispuesto y en condiciones de utilizarlo.
Además, el patrocinio privado no se distribuye necesariamente de acuerdo con las necesidades deportivas. Las empresas buscan visibilidad, audiencia y asociación de marca, lo que favorece al fútbol y a las disciplinas con mayor exposición mediática. Los deportes que suelen aportar en el medallero olímpico —marcha, halterofilia, determinadas disciplinas individuales— tienen más dificultades para captar patrocinadores.
El diseño deberá resolver, entonces, una cuestión central: cómo conseguir que el dinero privado llegue también a los deportes que producen resultados internacionales pero tienen menor atractivo comercial.
Con ese presupuesto, el Estado boliviano no sostiene una batería de programas segmentados por franja etaria. Sostiene un sistema escolar consolidado, una red de centros de formación y una serie de acciones puntuales apoyadas por cooperación internacional.
| Segmento | Programa | Qué ofrece y quién lo ejecuta |
|---|---|---|
| Niñez en primaria | Juegos Deportivos Estudiantiles Plurinacionales | Competencia anual por fases en unidades educativas fiscales, privadas y de convenio. Convocatoria conjunta de Educación, Salud y la autoridad deportiva. |
| Adolescencia | Juegos Estudiantiles, nivel secundario | Misma estructura legal, con objetivo declarado de detección de talentos para la base deportiva plurinacional. |
| Niñez y juventud | Centros de Formación y Entrenamiento Deportivo | Los CEFED, como el de La Tamborada en Cochabamba, funcionan como infraestructura de formación y sede de torneos nacionales. |
| Niños y entrenadores | Capacitaciones con JICA | Cursos gratuitos de fútbol y béisbol en varios departamentos, con la agencia de cooperación japonesa. Inscripción por los SEDEDES. |
| Personas con discapacidad | Formación e inclusión deportiva | Capacitación teórico-práctica en actividad física y torneos nacionales adaptados, como el de gimnasia rítmica para niñas con discapacidad intelectual. |
| Población general | Deporte recreativo | Actividades físico-lúdicas a cargo de la unidad de promoción y recreación deportiva. Sin segmentación etaria declarada. |
Hay una política deportiva boliviana que presenta una característica que ninguna otra tiene: continuidad institucional.
Los Juegos Deportivos Estudiantiles Plurinacionales fueron creados por el Decreto Supremo 0484 de abril de 2010 y elevados a rango de ley por la Ley 343 de febrero de 2013. La norma establece su realización anual para unidades educativas fiscales, de convenio y privadas, e involucra a gobiernos departamentales y municipales.
Ese rango legal es lo más valioso del programa. Protege a los Juegos de la discrecionalidad de cada gestión, y explica por qué sobrevivieron a cambios de gobierno que se llevaron puesto hasta un ministerio entero.
Su importancia va más allá de la competencia escolar. El deporte estudiantil funciona como plataforma de detección de talentos y como puerta de entrada a procesos de desarrollo. En términos de política pública el punto es central: el alto rendimiento no comienza en el atleta adulto que ya está listo para competir, comienza mucho antes.
A ese sistema se le suman dos piezas más chicas. Los CEFED, centros de formación y entrenamiento como el de La Tamborada en Cochabamba, aportan infraestructura y sedes de torneo. Y la cooperación internacional cubre lo que el presupuesto no alcanza: en 2025, el Viceministerio dictó junto a la agencia japonesa JICA cursos gratuitos de fútbol y béisbol para niños, jóvenes y entrenadores en Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca y La Paz.
Acá corresponde declarar un límite de esta investigación, porque es parte del hallazgo.
No pudimos identificar un programa nacional de actividad física dirigido específicamente a los adultos mayores en Bolivia. No aparece un equivalente a “Años con Energía” en Venezuela, ni al convenio entre carteras que articula Ecuador para llevar instructores a los centros gerontológicos.
Lo que existe es una unidad de promoción y recreación deportiva dentro de la Dirección de Formación Deportiva, cuya definición oficial habla de actividades físico-lúdicas orientadas a un equilibrio biológico y social, sin segmentación por edad. La actividad física para adultos mayores aparece, cuando aparece, en programas municipales y en jornadas puntuales del Comité Olímpico Boliviano, no como política nacional con presupuesto propio.
Que no lo hayamos encontrado no prueba que no exista. Pero es coherente con el tamaño del aparato: un viceministerio que maneja 7,5 millones de bolivianos y comparte cartera con Salud difícilmente pueda sostener programas segmentados por franja etaria.
Hay ahí, además, una paradoja institucional que vale señalar. El deporte boliviano depende del Ministerio de Salud, que es exactamente la cartera con más razones para impulsar actividad física en la tercera edad como política de prevención. Esa convergencia, por ahora, no se tradujo en un programa.
El país participó por primera vez en Berlín 1936, volvió a competir en Tokio 1964 y desde entonces mantuvo una presencia prácticamente continua, con la excepción de Moscú 1980.
Eso no significa que Bolivia carezca de resultados. En los Juegos Olímpicos de la Juventud de Singapur 2010, su selección masculina de fútbol sub-15 ganó el oro. Pero los Juegos de la Juventud son una competencia distinta de los Juegos Olímpicos de mayores, y esa medalla no modifica el registro olímpico absoluto del país.
Bolivia organizó los Juegos Suramericanos en dos oportunidades. La primera edición de la historia se realizó en La Paz en 1978. Cuarenta años después, Cochabamba recibió los Juegos de 2018.
La localía no produjo un salto en el posicionamiento regional. En Cochabamba 2018, Bolivia terminó décima en el medallero, con 4 medallas de oro, 15 de plata y 15 de bronce: 34 en total. Colombia ganó aquella edición con 94 oros y 239 preseas.
La condición de anfitrión sí permitió a Bolivia conseguir una de sus mejores cosechas históricas en los Juegos Suramericanos, pero no modificó su posición estructural en la región.
Y ese dato es más útil que una comparación aislada de medallas: organizar un gran evento puede generar infraestructura y oportunidades, pero no garantiza por sí mismo la construcción de un sistema de alto rendimiento.
Es sencillo interpretar la estrategia de Rodrigo Paz como una renuncia del Estado. Pero esa lectura sería incompleta.
Bolivia tiene una estructura deportiva pequeña y recursos limitados, y ya probó el camino del ministerio propio entre 2014 y 2020 sin que el registro se moviera. El nuevo Gobierno intenta una herramienta distinta: en lugar de ampliar el aparato, generar condiciones para que empresas y organizaciones privadas aporten más recursos.
La pregunta no es si esa herramienta es válida. Lo es. La pregunta es qué queda fuera del mercado.
Un sponsor puede financiar a un atleta. Puede pagar una competencia, una camiseta, un viaje o una campaña. Pero difícilmente pueda construir por sí solo un sistema nacional de detección de talentos, formar entrenadores durante décadas o garantizar infraestructura pública en todo el territorio.
El desafío para Bolivia, entonces, no consiste en elegir entre Estado y sector privado. Consiste en determinar dónde termina uno y empieza el otro.
El 12 de septiembre, cuando comiencen los Juegos Suramericanos, Bolivia volverá a competir contra buena parte de la región. Llegará con una historia olímpica particular: décadas de participación y ninguna medalla. Pero también con algo nuevo, un gobierno que intenta cambiar la ecuación financiera del deporte.
El verdadero resultado de esa apuesta no se conocerá en septiembre. Se conocerá cuando una generación que hoy está empezando pueda llegar, dentro de seis u ocho años, a competir por algo que Bolivia todavía nunca consiguió.
Política, plata y poder detrás de la cancha. Sin ruido, sin clickbait.